G20 Social hace un llamado mundial a la inclusión, la democracia y las reformas de gobernanza

La Declaración de Río de Janeiro, resultado del G20 Social, refuerza el llamado de los movimientos sociales por la justicia global, la lucha contra el hambre y el cambio climático, y la reforma urgente de la gobernanza internacional. El evento cierra este sábado, previo a la reunión de líderes de la próxima semana.

Por Leandro Molina/Página G20

El cierre del G20 Social estuvo marcado por discursos enfáticos y la presentación de la Declaración de Río de Janeiro, documento elaborado en colaboración con movimientos sociales de todo el mundo. El evento, celebrado en paralelo con las actividades del G20, destacó la urgencia de reformar la gobernanza global para abordar los desafíos contemporáneos como el cambio climático, las desigualdades sociales y las crisis geopolíticas. 

Oliver Röpke, presidente del Comité Económico y Social Europeo, hizo énfasis sobre la necesidad de combatir las desigualdades para dar forma a un futuro más justo. «Nos encontramos en una encrucijada. La fuerza global se enfrenta a una crisis en la que los sistemas de gobernanza ya no sirven a nuestro tiempo. Necesitamos reformas estructurales para incluir a la sociedad civil y fortalecer a la comunidad internacional con un crecimiento inclusivo y salvaguardando los derechos sociales», señaló . Para él, el G20 Social debe servir de ejemplo global, además de demostrar que es posible crear un mundo que escuche las aspiraciones de las poblaciones. 

Una declaración para el futuro

Mazé Morais, representante de la sociedad civil, leyó el documento final, y destacó que fue el resultado de un proceso participativo que buscó amplificar las voces a menudo ignoradas en las decisiones globales. La Declaración del G20 Social se entregará a los líderes del G20 en su cumbre los días 18 y 19 de noviembre. El texto se centra en tres pilares centrales: la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad; la lucha contra el cambio climático y la transición justa; y la reforma de la gobernanza mundial. 

El texto destaca que se elaboró con el aporte de grupos históricamente marginados, como las mujeres, los negros, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, los trabajadores de la economía formal e informal, las comunidades tradicionales y las personas que viven en la calle. Estos sectores, a menudo afectados por decisiones globales, exigen una mayor participación en los procesos de gobernanza global. 

Los movimientos exigen reformas urgentes para que instituciones como la ONU y otros organismos multilaterales reflejen la realidad contemporánea. La reconfiguración del Consejo de Seguridad de la ONU se considera fundamental para aumentar la representatividad global y promover soluciones más justas y efectivas. 

Lucha contra el hambre y por la justicia socioeconómica

Una de las propuestas centrales es apoyar la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. El argumento es que la Alianza cuenta con un fondo específico para políticas públicas de lucha contra el hambre, que garantice el acceso universal a alimentos, tierra y agua adecuados. 

La Declaración también destaca la necesidad de democratizar la producción y distribución de alimentos, mediante la valorización de las prácticas agroecológicas y la evitación de la mercantilización de los recursos naturales. El trabajo digno, según los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), también es un prioridad, así como la defensa de la formalización del mercado, que fortalece la economía solidaria y ampliando los derechos sindicales. 

Sostenibilidad y lucha contra el cambio climático

El cambio climático fue otro punto culminante del documento. Los movimientos sociales exigen compromisos concretos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger ecosistemas esenciales como las selvas tropicales. La Declaración propone la creación de un fondo internacional para financiar acciones de conservación e incluir a las poblaciones locales en actividades productivas sostenibles. 

La  transición justa se definió como un principio rector para reemplazar el modelo de producción basado en combustibles fósiles por una economía baja en carbono. Esta transformación debe garantizar la igualdad de condiciones para los trabajadores, que también se enfrentan al racismo ambiental y la pobreza energética. 

Reformar la gobernanza global y fortalecer la democracia

El documento denuncia que el modelo actual de gobernanza global es incapaz de responder a los desafíos contemporáneos. La reforma de las instituciones multilaterales debe promover el multilateralismo, ampliar la participación de los países del Sur Global e incluir a la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones. 

La Declaración también advierte sobre los riesgos que enfrenta la democracia por la difusión de desinformación y discursos totalitarios, especialmente por parte de la extrema derecha. La defensa del estado de derecho y la promoción de una gobernanza inclusiva y transparente se identifican como fundamentales para una agenda global legítima y efectiva. 

Para financiar estas transformaciones, los movimientos sociales proponen la tributación progresiva de los súperricos, con recursos asignados a fondos transparentes y monitoreados por la sociedad civil. La Declaración de Río de Janeiro también refuerza la necesidad de solidaridad global para mitigar las desigualdades y proteger los ecosistemas. 

Compromiso con el futuro

El documento final concluye con un llamado a los líderes del G20: «Es hora de que asumamos la responsabilidad de liderar una transformación profunda y duradera. Este es el momento de actuar con determinación y solidaridad para fortalecer las instituciones, combatir el hambre y las desigualdades, mitigar los impactos del cambio climático y proteger los ecosistemas», señaló el representante de la sociedad civil, Mazé Morais.

Marcio Macedo, ministro de la Secretaría General de la Presidencia de la República, elogió el papel del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la inclusión de los movimientos sociales en el centro del debate global. «Solo un presidente con las características de Lula es capaz de colocar a los movimientos sociales y a las personas como protagonistas en la agenda mundial», afirmó.

El ministro anunció que la Declaración se entregará a los jefes de estado del G20 con «las huellas del pueblo». 

El G20 Social en Río de Janeiro contó con cerca de 50 000 participantes en tres días del evento, con 271 actividades autogestionadas que debatieron 300 temas. El evento, que refleja el carácter sin precedentes y la expansión de las voces ciudadanas, continuará en Sudáfrica, el próximo país anfitrión del G20.

Vea la ceremonia de clausura del G20 Social

G20 Social - Declaración final

La Cumbre Social del G20, reunida del 14 al 16 de noviembre, en Río de Janeiro, al final del amplio proceso de participación del G20 Social, convocado por la Presidencia brasileña del G20, se dirige a los líderes mundiales, que se reunirán del 18 al 19 de noviembre, en la Cumbre de Líderes, la siguiente DECLARACIÓN sobre las principales propuestas de la sociedad civil global, acordadas durante el trabajo realizado a lo largo del año, en torno a los tres temas centrales de la Presidencia brasileña del G20:

Lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad; Sostenibilidad, cambio climático y transición justa; Reforma de la gobernanza global;

Quiénes somos y desde dónde hablamos

Representamos a movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil de Brasil y del mundo, reunidos al final de intensos procesos participativos, que buscaron dar voz a los segmentos más diversos de la sociedad global, a menudo impactados, pero rara vez escuchados en las principales decisiones geopolíticas y macroeconómicas llevadas a cabo por un selecto grupo de representantes.

Durante estos meses de trabajo, buscamos incorporar las demandas, reivindicaciones y propuestas históricamente construidas por las organizaciones y movimientos de mujeres, hombres y mujeres negros, pueblos originarios e indígenas, comunidades tradicionales, personas con discapacidad, LGBTQIA+, jóvenes, niños, adolescentes, personas mayores, poblaciones desplazadas o sin hogar, migrantes, refugiados y apátridas, trabajadores rurales y urbanos, la economía formal, informal, solidaria y de cuidados. Todos reclaman una reforma de la gobernanza global que garantice el fin de los conflictos armados, el desarrollo y la justicia socioambiental para ellos y para todo el planeta.

Combatir el hambre, la pobreza y la desigualdad

Con carácter de urgencia y máxima prioridad, es imperativo que todos los países del G20 y otros Estados se adhieran a la iniciativa de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, esta alianza debe promover la cooperación e intercooperación entre los países y los organismos internacionales, estableciendo un fondo específico para financiar políticas públicas y programas de lucha contra el hambre, con el fin de garantizar el acceso universal a una alimentación adecuada.

Defendemos la soberanía alimentaria, basada en la producción de alimentos saludables, como pilar para erradicar el flagelo del hambre en cada nación y a nivel global. Los pueblos deben haber reconocido el derecho a un acceso democratizado a la tierra y al agua, a controlar su propia producción y distribución de alimentos, con énfasis en las prácticas agroecológicas y la preservación del medio ambiente. La promoción de una alimentación saludable debe ser fundamental para garantizar la justicia socioambiental, y debe garantizar que todos los grupos sociales, independientemente de su raza, clase, género u origen, tengan igual acceso a los beneficios ambientales, que se respeten las culturas alimentarias tradicionales y se evite la mercantilización de los recursos naturales.

Reafirmamos la centralidad del trabajo decente, según las normas de la OIT, como elemento esencial para superar la pobreza y las desigualdades. Es crucial combatir el trabajo esclavo e infantil, la trata de personas y todas las demás formas de explotación y trabajo precario. Destacamos la defensa de la formalización del mercado laboral y de las economías inclusivas y contrahegemónicas, como la economía popular y solidaria, las cooperativas, las cocinas solidarias y el reconocimiento y valoración de la economía del cuidado. Es esencial garantizar que todos, especialmente los jóvenes, la población negra, las mujeres y los más vulnerables, tengan acceso a empleos dignos, sistemas de seguridad y protección social y la expansión de los derechos sindicales.

Sostenibilidad, cambio climático y transición justa

Los mismos dilemas que afectan a millones de personas, víctimas del hambre, la desigualdad y la pobreza, se reflejan en la falta de compromiso de la mayoría de los países desarrollados y sus élites para enfrentar el cambio climático y el calentamiento global. Las poblaciones más afectadas por el hambre y la pobreza son las que más sufren las emergencias climáticas y los desastres naturales, que son cada vez más intensos y frecuentes en todo el mundo.

Reiteramos la urgencia de enfrentar el cambio climático, con respecto a la ciencia y los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos, destacando la importancia de los compromisos de adaptación y mitigación en el marco de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) y el Acuerdo de París. Es un requisito ético que los líderes mundiales se comprometan firmemente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la deforestación, así como a proteger los océanos, condiciones esenciales para limitar el calentamiento global a 1,5 °C y evitar daños irreversibles al planeta.

La transición justa, como proceso de transformación socioeconómica hacia un modelo sostenible, debe ser el principio rector para reemplazar el modelo de producción basado en combustibles fósiles por una economía baja en carbono. Esta transformación debe abordar la exclusión social, la pobreza energética y el racismo ambiental, y garantizar la igualdad de condiciones para los trabajadores, los negros y las comunidades vulnerables. Reforzamos que esta transición requiere un esfuerzo relevante de educación ambiental, participación social y formación ciudadana.

También necesitamos fortalecer la protección de nuestras selvas tropicales a través de la creación del Fondo Selva Tropical para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés), un mecanismo de financiamiento internacional dedicado a su protección e inclusión socioproductiva de las poblaciones que viven en ellos y mantenerlos en pie. Este fondo, junto a un Nuevo Objetivo Cuantificado Colectivo (NCQG, por sus siglas en inglés) de financiamiento climático, fortalecerá la articulación global necesaria para preservar el medio ambiente, y asegurará un apoyo financiero continuo para conservar la biodiversidad y abordar la crisis climática de manera efectiva.

Reforma de la gobernanza global

Para lograr estos objetivos, reivindicamos la reforma necesaria e inevitable del modelo actual de gobernanza global, que ya ha demostrado ser incapaz de ofrecer respuestas a los desafíos contemporáneos y al mantenimiento de la paz.

De esta manera, enfatizamos la necesidad urgente de reformar las instituciones internacionales para reflejar la realidad geopolítica contemporánea, promoviendo el multilateralismo y ampliando la participación de los gobiernos y los pueblos de los países del Sur Global en los foros de toma de decisiones. En particular, la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU es esencial para garantizar la diversidad de voces globales y promover soluciones más equilibradas y efectivas a los desafíos actuales.

Abogamos para que esta reforma abrace la premisa de promover la democracia y la participación de la sociedad civil. La democracia está en riesgo cuando las fuerzas de extrema derecha promueven la desinformación, los discursos totalitarios y autoritarios, socavan los derechos humanos y difunden mentiras, odio, prejuicios, xenofobia, discriminación por edad, racismo y violencia en las relaciones sociales y políticas, dentro de las fronteras de cada país y a nivel internacional. Defender la democracia implica defender el Estado de Derecho Democrático y la participación directa de la población en los mecanismos nacionales e internacionales de regulación de la información. El ejercicio del derecho a la transparencia y la comunicación plural garantiza una gobernanza global inclusiva, confiriendo legitimidad y eficacia a los Estados y a los organismos internacionales.

Creemos que la equidad fiscal es una herramienta clave para lograr el desarrollo sostenible. Por lo tanto, respaldamos la tributación progresiva de los súperricos, con la garantía de que los fondos recaudados se asignen a fondos nacionales e internacionales para financiar políticas sociales, ambientales y culturales. Estos y todos los demás fondos que se reivindican en este documento se regirán por los principios de transparencia, control y participación de la sociedad civil.

Conclusión

Señoras y señores líderes del G20, es hora de que asumamos la responsabilidad de liderar una transformación que sea efectivamente profunda y duradera.

Los compromisos ambiciosos son esenciales para fortalecer las instituciones internacionales, combatir el hambre y la desigualdad, mitigar los impactos del cambio climático y proteger nuestros ecosistemas. Este es el momento de actuar con determinación y solidaridad. Con voluntad política y la institucionalización de instancias como la Cumbre Social del G20, podemos construir una agenda colectiva que honre el compromiso con la justicia social y la paz global.

*Traducido por PGET-UFSC

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