OPINIÓN

Luchar contra la desigualdad laboral es el desafío de nuestro tiempo

En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, la desigualdad laboral sigue siendo un desafío que muchas sociedades no han enfrentado. Según el ministro de Trabajo de Brasil y las ministras de Sudáfrica y de España, para hacer frente de forma adecuada a este desafío se deben abandonar los modelos y las respuestas tradicionales que favorecen la desregulación, los cuales han dado muestras de ser ineficaces, y buscar formas más igualitarias y justas para superar el problema. Consulte el texto firmado conjuntamente por los tres ministros, especialmente para la página web del G20 Brasil.

22/08/2024 7:00 - Modificado hace 8 meses
Foto: Getty Images
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por Luiz Marinho, Nomakhosazana Meth y Yolanda Díaz *

En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, en el cual abundan las crisis superpuestas y donde la desorientación ha pasado a definir el espíritu de la época, la desigualdad laboral sigue siendo un desafío muchas sociedades no han enfrentado.

El único modo de hacer frente a este desafío de forma adecuada es abandonar los modelos y las respuestas tradicionales, como los que favorecen la desregulación y las soluciones basadas en el mercado, los cuales han dado muestras de ser ineficaces, y aceptar que una respuesta social amplia debe ser consensuada y compartida.

Por lo tanto, en una expresión de cooperación reforzada de tres continentes diferentes, el ministro de Trabajo de Brasil, y las ministras de Trabajo de Sudáfrica y de España buscan avanzar en dirección a una distribución más justa de los productos del trabajo a nivel global, adoptando un enfoque común para hacer frente a este problema, que refleja nuestro compromiso colectivo de ampliar los derechos laborales en todo el mundo.

En muchas de las economías mundiales, se ha observado una disminución de la participación de los ingresos del trabajo en la economía, particularmente desde la ola de neoconservadurismo en la década de los 80. El término “Participación de los ingresos del trabajo en la economía” (labor share, en inglés) hace referencia a la proporción de los ingresos nacionales asignada a los trabajadores en forma de compensación laboral, en contraposición a la destinada a los propietarios del capital. La disminución mencionada anteriormente significa que una porción más pequeña de los ingresos económicos llega a los trabajadores y la mayor parte se distribuye como rentabilidad del capital.

En Brasil, la recuperación de la economía después de la pandemia de Covid-19 estuvo marcada por marcos positivos, incluido el crecimiento robusto del PIB y las mejoras considerables en los indicadores de trabajo e ingresos. En 2023, el PIB creció un 2,9% con respecto al año anterior, el número de empleos creados en virtud de la Consolidación de las Leyes de Trabajo (CLT), conocidos como "celetistas", alcanzó los 45,53 millones, el empleo formal cerró el año con la creación de 1,5 millones de puestos de trabajo y la tasa de desocupación quedó en un 7,4% (Pnad-C/IBGE).

A pesar de estos resultados positivos, persisten los desafíos recurrentes del mercado laboral brasileño. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Brasil presentó un crecimiento de la productividad muy débil entre 2015 y 2023 (con un promedio anual del 0,1%) y una reducción del rendimiento promedio del trabajo entre 2020 y 2022. Solo en 2023 ese promedio tuvo una recuperación del 7%. El empleo informal, los salarios bajos y las prácticas laborales inaceptables, como el trabajo infantil y el trabajo forzado, siguen siendo un desafío. Ante este escenario, el país promueve los “Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (Fundamental Principles and Rights at Work - FPRW)” y revisa los Planes Nacionales de Prevención y Eliminación del Trabajo Infantil y del Trabajo Forzado, además de presentar su candidatura a país pionero en la Alianza 8.7 e implementar un Pacto Nacional por el Trabajo Decente en el Campo (PACT).

El mercado laboral de Sudáfrica constituye también un excelente ejemplo de la disminución de la participación de los ingresos del trabajo en la economía (labor share). Los salarios reales han exhibido fluctuaciones significativas y no han logrado acompañar el crecimiento constante de la productividad. Esto ha llevado a una situación en la que los trabajadores no se benefician proporcionalmente de la riqueza que ayudan a crear. La volatilidad del crecimiento de los salarios reales en comparación con la productividad resalta esta disparidad, que se ha visto incluso más exacerbada por impactos como el de la pandemia de Covid-19, que ha repercutido gravemente sobre el crecimiento económico, la estabilidad del empleo y los niveles de productividad y los salarios, dando lugar a la disminución de la calidad de vida y a la desigualdad económica para muchos sudafricanos.

En consecuencia, los trabajadores sudafricanos se enfrentan a una mayor inseguridad económica y a una porción reducida de la riqueza del país. Esta situación resalta la necesidad urgente de un enfoque nuevo que le dé prioridad a la distribución más justa de la riqueza y fortalezca los derechos de los trabajadores en todo el mundo.

En España, el crecimiento de la productividad en las últimas décadas ha sido lento, con algunas excepciones importantes, como la recuperación observada en 2022. Sin embargo, los salarios han crecido a una tasa considerablemente menor que las ganancias corporativas. Entre 1995 y 2022, la productividad del trabajo aumentó un 15,3%; los salarios reales, en cambio, aumentaron solo un 1,2%. La conclusión es clara: los productos del trabajo se distribuyen injustamente.

El modelo se invirtió, dándole prioridad a los derechos de los trabajadores por medio de la primera reforma laboral para ampliar los derechos en cuatro décadas de gobierno democrático en España. Dicha política abordó el problema de los contratos temporales, brindó alternativas al despido de los trabajadores en momentos de crisis o reforzó la negociación colectiva, junto con las políticas feministas que dieron como resultado un récord de 10,1 millones de mujeres que ingresaron al mercado laboral por primera vez en España. En este contexto, los salarios aumentaron, alcanzando un 54% en el salario mínimo en un periodo de cinco años.
Con dicha reforma y sus resultados, desenmascaramos el dogma neoliberal y demostramos que se puede modificar el modelo de crecimiento y transformar el mundo laboral. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Para ampliar los derechos laborales, nuestros países deben superar por lo menos cuatro desafíos fundamentales.

En primer lugar, debemos seguir aumentando los salarios. Los salarios reales están creciendo a un ritmo mucho más lento que la productividad. Como ya lo hemos demostrado, abandonar el neoliberalismo y adoptar políticas destinadas a aumentar la remuneración del trabajo – y en particular el salario mínimo legal – contribuye decisivamente a garantizar que las ganancias de la productividad se distribuyan entre los trabajadores, reduciendo la desigualdad y el flagelo de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Nos comprometemos a hacer lo que sabemos que funciona.

En segundo lugar, aunque hayamos logrado avances sustanciales en términos de igualdad y diversidad en el mundo del trabajo, todavía debemos superar grandes desafíos para garantizar que todas las personas — independientemente de su género, raza, orientación sexual o identidad de género — usufructúen la igualdad de oportunidades, el trato justo y condiciones de trabajo dignas. Todos conocemos, por ejemplo, los casos recientes e inaceptables de discriminación racial en el mundo del deporte. Ese no es más que un pequeño tramo de un largo camino que nos queda por delante.

En tercer lugar, la transición digital debe ser justa y los derechos individuales y colectivos de los trabajadores deben protegerse durante todo el proceso. Debemos garantizar que la digitalización se ponga al servicio del trabajo decente y no al contrario, garantizando que el uso de la tecnología haga que el trabajo humano sea menos oneroso. Como observó Daron Acemoglu, la innovación tecnológica en sí no estimula la prosperidad: "se debe ejercer un control democrático sobre la dirección que toma la tecnología". La innovación tecnológica debe ponerse al servicio de la justicia social.

En cuarto y último lugar, tenemos que unir nuestros esfuerzos para reforzar la negociación colectiva, frenando, de una vez por todas, el declive continuo de su tasa de cobertura en todo el mundo. En este sentido, confiamos en el diálogo social como un poderoso instrumento de entendimiento y colaboración mutuos y, por lo tanto, como medio para lograr mejores condiciones de vida y de trabajo.

Por este motivo, hoy, los Ministerios de Trabajo de Brasil, Sudáfrica y España – superando la tradicional y anticuada división Norte-Sur – acordaron establecer un marco permanente y fortalecido de colaboración e intercambio en cuestiones sociales y laborales entre nuestros países. Esta estructura guiará nuestras políticas en la defensa del aumento de la participación en el trabajo para garantizar que los trabajadores reciban una participación justa en la riqueza nacional.

En cada rincón del mundo, defenderemos los salarios justos, una mayor igualdad y diversidad en el lugar de trabajo y fortaleceremos el diálogo social y la negociación colectiva, presionando para que se produzcan transformaciones en el mundo laboral que estén centradas en la justicia social. Como afirma Alain Supiot, hoy más que nunca necesitamos avanzar en dirección a una nueva Declaración de Filadelfia, que abra el camino para la democracia económica y un mundo laboral del siglo XXI.

En suma, Brasil, España y Sudáfrica avanzaron en dirección a una nueva internacional laboral, una alianza global que tenga plena conciencia de que los principales desafíos que debemos superar – la crisis climática, el aumento de la desigualdad, la erosión de las democracias – deben enfrentarse con la ampliación de los derechos laborales y no con su reducción.

(*) Luiz Marinho es el ministro de Trabajo y Empleo de Brasil, Nomakhosazana Meth es ministra de Empleo y Trabajo de Sudáfrica y Yolanda Díaz, segunda vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social de España

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