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VOCES DEL G20
Perspectivas ciudadanas: Brasil debe poner fin a la deforestación y el mundo debe adoptar objetivos ambiciosos contra la crisis climática
En la articulación global hacia el cumplimiento de las metas climáticas, la sociedad civil espera una acción más ambiciosa del G20, un financiamiento robusto y la inclusión de las comunidades más afectadas por los desastres ambientales en acciones para enfrentar la crisis climática.
Largos períodos de sequía, calor intenso, lluvias torrenciales e inundaciones han convertido a 2024 en el año de la catástrofe climática. El mundo ha perdido miles de vidas humanas, los impactos en los ecosistemas apenas pueden medirse. Solo en el primer semestre, los desastres podrían haber costado 120.000 millones de dólares, según una estimación de la aseguradora Munich Re.
Para la sociedad civil, el escenario ya estaba previsto e intensifica la responsabilidad de los gobiernos del G20 de acelerar las medidas para hacer frente, adaptarse y mitigar la crisis climática. Anclados por la evidencia científica sobre el calentamiento global, sus impactos en el empeoramiento de los desastres ambientales y reunidos en una sólida red de cooperación internacional, los grupos han actuado en varios frentes para fomentar compromisos globales y las políticas públicas locales que puedan detener el empeoramiento del escenario climático en el mundo.
Desde Geledés - Instituto de la Mujer Negra, Letícia Leobet, asesora internacional, ha seguido de cerca la articulación de la sociedad civil global para soluciones inmediatas a la crisis climática. Indica que, para limitar el calentamiento global, una serie de medidas debe tomarse y, en el caso de Brasil, que busca liderar con el ejemplo, propone como fundamental alcanzar la deforestación ilegal cero para 2030, a fin de garantizar la protección, la restauración y un equilibrio climático. Pero enfatiza firmemente que este esfuerzo debe ser respaldado a nivel global.
"Este esfuerzo debe estar acompañado de iniciativas de restauración global, inversión en energías alternativas que sean renovables y culturalmente sensibles a los territorios, y del fortalecimiento y apoyo a los pueblos y comunidades tradicionales de la selva que preservan la biodiversidad, reconociendo los servicios ambientales brindados por esas poblaciones", sugiere Leobet.
Leticia confía en que los objetivos de mitigación de la crisis climática se distribuyan de manera equitativa, considerando la responsabilidad histórica en la situación actual y el tamaño de las economías. En el caso de Brasil, cree que debería contribuir al esfuerzo global de reducción de emisiones con vistas a 2035 para inspirar a otros países del G20 a aumentar sus propias metas. “Esta ha sido una gran demanda de la sociedad civil brasileña. Con un enfoque central combatir el racismo ambiental, este objetivo debe apuntar a la construcción de políticas públicas que reduzcan las desigualdades sociales, raciales y ambientales en el país”, afirma.
Leticia confía en que los objetivos de mitigación de la crisis climática se distribuyan de manera equitativa, considerando la responsabilidad histórica en la situación actual y el tamaño de las economías. En el caso de Brasil, cree que debería contribuir al esfuerzo global de reducción de emisiones con vistas a 2035 para inspirar a otros países del G20 a aumentar sus propias metas. “Esta ha sido una gran demanda de la sociedad civil brasileña. Con un enfoque central combatir el racismo ambiental, este objetivo debe apuntar a la construcción de políticas públicas que reduzcan las desigualdades sociales, raciales y ambientales en el país”, afirma.
Maiara Folly, directora ejecutiva de la Plataforma CIPÓ y colíder del Grupo de Trabajo del T20 Brasil sobre Acción Climática y Transiciones Energéticas Inclusivas y Justas, destaca que las soluciones para enfrentar el escenario no dependen exclusivamente de este grupo de países, sino que es esencial que actúen como líderes para limitar el calentamiento global a 1,5°C de aquí a 2023.
“Dado su peso político y económico, además de ser responsables de alrededor del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, el liderazgo de los países del G20 es fundamental. Es esencial que los países del G20 adopten medidas concretas para implementar los compromisos previamente asumidos, incluidas las COP y el propio G20", puntualizó Folly.
Maria Netto, directora ejecutiva del Instituto Clima y Sociedad - ICS, destaca que, aunque las declaraciones del foro no son vinculantes, es decir, implican obligaciones para los países miembros, crean un espacio significativo para el diálogo entre las naciones y fomentan compromisos por parte de los jefes de Estado.
“Trae un proceso de continuidad y de monitoreo técnico durante el año, que es bastante interesante. No se trata necesariamente solo de decisiones con un objetivo individual, sino de un objetivo colectivo. Los países trabajarán en conjunto y pedirán que, por ejemplo, los fondos internacionales, climáticos y multilaterales sigan esta hoja de ruta y presenten resultados”, puntualizó Netto, destacando como ejemplo los debates del Canal de Finanzas del foro, enfocados en expandir el financiamiento para enfrentar la crisis climática.
Una meta de financiación más ambiciosa
Un estudio de Oxfam Global publicado en 2023 reveló que, aunque los efectos de la crisis climática afectan a todos los países por igual, las naciones más ricas son responsables de más emisiones de carbono, la causa fundamental del cambio climático, debido a la explotación imprudente de los combustibles fósiles para generar energía. El informe revela que el cambio de escenario pasa por una transición energética y muestra que las economías ricas e industrializadas deben pagar por los daños ya causados, especialmente a los países del Sur Global, más afectados por el caos climático.
Folly explica que las acciones de adaptación y mitigación en los países en desarrollo dependen de recursos del orden de billones de dólares anuales. “Estas necesidades de financiamiento aumentan en un contexto en el que los países ricos no han cumplido con la entrega de los ya muy insuficientes 100.000 millones de dólares anuales prometidos para promover la acción climática en el Sur Global. La acumulación de promesas incumplidas ha generado un ambiente de tensión y desconfianza entre los países y de descrédito general en el régimen climático internacional”, señala.
A partir de este panorama, Maiara destaca las expectativas para la COP 29 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), que tendrá lugar en las próximas semanas en Bakú, Azerbaiyán. Según la experta, la reunión se ha denominado COP de Financiamiento debido al enfoque en un acuerdo sobre una Nueva Meta Colectiva Cuantificada para el Financiamiento Climático (CQG). Para ella, debe ser sólido y satisfacer de manera equilibrada las necesidades de adaptación y mitigación de los países en desarrollo, para que puedan hacer frente a las pérdidas y daños ya causados por el cambio climático.
“Es esencial que el G20 y la comunidad internacional asuman un liderazgo más firme estableciendo regulaciones más estrictas para alinear los flujos financieros internacionales con los objetivos del Acuerdo de París y el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Estas medidas también deben tener en cuenta el objetivo global de detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030. Es urgente fortalecer la cooperación internacional para que el sector financiero apoye los objetivos de protección del clima y la biodiversidad, y el G20 debe liderar este proceso”, concluye.
“Además de asegurar los recursos a una escala suficiente, es fundamental garantizar la calidad de este financiamiento. Los países desarrollados a menudo cuentan como financiamiento climático una serie de préstamos, incluidos los de fuentes privadas y con intereses de mercado, lo que en la práctica ha agravado el endeudamiento de las naciones más vulnerables. Por ello, es imprescindible que la mayor parte de la financiación provenga de fuentes públicas, en forma de donaciones y en condiciones altamente concesionarias y con vencimientos a largo plazo”, afirma el director ejecutivo de Plataforma Cipó.
Maiara sostiene que hay recursos suficientes para enfrentar adecuadamente el cambio climático y preservar la biodiversidad de los ecosistemas, pero que están mal destinados. Utiliza como ejemplo que los subsidios gubernamentales a la industria de los combustibles fósiles ascendieron a 7.000 millones de dólares solo en 2023, según datos del FMI (Fondo Monetario Internacional), ignorando las advertencias científicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, hay un volumen significativo de inversiones en sectores que causan pérdidas importantes de biodiversidad, incluida la deforestación ilegal, mientras que solo se asignaron US$ 200.000 millones a la conservación y restauración de la biodiversidad en 2023.
“Es esencial que el G20 y la comunidad internacional asuman un liderazgo más firme estableciendo regulaciones más estrictas para alinear los flujos financieros internacionales con los objetivos del Acuerdo de París y el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Estas medidas también deben tener en cuenta el objetivo global de detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030. Es urgente fortalecer la cooperación internacional para que el sector financiero apoye los objetivos de protección del clima y la biodiversidad, y el G20 debe liderar este proceso”, concluye.
Leboit destaca la necesidad de enfoques más ambiciosos, que apunten a la reorientación completa de la economía global, necesaria para la reducción rápida y decisiva en el uso de combustibles fósiles. “Los países ricos deben cumplir con su parte en la financiación de la transición energética, asegurando que las naciones con menos recursos puedan eliminar gradualmente los combustibles fósiles e invertir en infraestructura baja en carbono. Y también apoyar un fondo para la adaptación al cambio climático, que sea independiente del fondo y de las acciones de pérdidas y daños", afirma.
La asesora de Geledés también espera que la Conferencia sea un espacio para la incorporación de un lenguaje más inclusivo en los documentos oficiales, que considere las especificidades raciales en las agendas de género y clima y en los objetivos globales de adaptación climática. Señala que la sociedad civil global también espera que se tengan en cuenta indicadores desagregados el cumplimiento de los objetivos climáticos.
“Esta inclusión se considera un paso importante para que la agenda climática reconozca las desigualdades estructurales y el racismo ambiental que afectan de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables y marginadas. Se espera que estos indicadores tengan en cuenta las desigualdades estructurales, destacando las perspectivas de raza y género de manera desagregada, estableciendo metas concretas para la implementación de políticas de adaptación”, explica.
Transición ecológica sin dejar a nadie atrás
En la perspectiva de Leobet, promover una transición ecológica justa requiere reconocer los planes climáticos nacionales para incluir evidencia sobre los conocimientos tradicionales indígenas, afrodescendientes, quilombola y otros, de acuerdo con la especificidad territorial para que los saberes locales se incluyan en las estrategias climáticas y de biodiversidad. Además, aboga por que las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático prioricen a las comunidades más vulnerables afectadas por los desastres ambientales.
"El reconocimiento del racismo ambiental es esencial para este enfoque, ya que es necesario enfrentar el racismo sistémico, que históricamente ha marginado a estas poblaciones, y buscar soluciones antirracistas que reviertan la situación de vulnerabilidad social, política y económica de estas comunidades", dijo.
Leboet presenta el concepto de adaptación antirracista, propuesto por una coalición de organizaciones de la sociedad civil brasileña, con el objetivo de abordar las desigualdades raciales, de género, generacionales, sociales, regionales y territoriales a través de políticas públicas estructurantes, interseccionales e intersectoriales. Para la científica social, la dimensión étnico-racial debe considerarse para que las políticas ambientales hagan frente al impacto desproporcionado de las crisis en estas comunidades.
“Uno de los principales desafíos es el reconocimiento y la confrontación del racismo ambiental y de cómo el racismo sistémico se superpone a las vulnerabilidades climáticas. Este reconocimiento es fundamental para que las políticas ambientales se formulen con un enfoque antirracista y para que se entienda que las poblaciones afrodescendientes e indígenas históricamente han sido y siguen siendo mantenidas en condiciones de vulnerabilidad social y económica”, subrayó.
La financiación vuelve a ponerse sobre la mesa como un desafío para la transición justa. Según la evaluación de Leticia, sin centrarse en la justicia y la equidad climáticas, los mecanismos de desarrollo verde tienden a beneficiar a los territorios y grupos menos vulnerables "perpetuando el ciclo de exclusión", dijo. Otro tema es la falta de participación de las comunidades más afectadas en las decisiones políticas, lo cual impide que las políticas públicas sean verdaderamente efectivas y justas.
“La cooperación internacional, así como el compromiso de los países ricos para financiar la transición energética de manera justa, son fundamentales para superar este obstáculo, ya que la ausencia de estas voces en los procesos de formulación e implementación se traduce en soluciones desvinculadas de las realidades locales y de las necesidades específicas de estas poblaciones”, analiza Leobet.
Una COP en Brasil
En 2025, Brasil tendrá una responsabilidad histórica al ser sede de la COP 30 en Belém, la capital del estado de Pará. La asesora internacional de Geledés espera que el país pueda marcar la diferencia y establecer una agenda que supere los objetivos climáticos e incorpore discusiones sobre justicia social y equidad étnico-racial. Señala que el país debe inspirar al mundo con un ejemplo de justicia climática que considere las desigualdades estructurales.
Inspirada en la COP 16 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad), celebrada en octubre en Cali, Colombia, donde la inclusión de la población afrodescendiente fue destacada en las negociaciones, Leobet enfatiza que Brasil también debe dedicar esfuerzos significativos para integrar estos temas en los debates centrales. "Brasil tiene la oportunidad de utilizar su posición para fortalecer el papel de las naciones en desarrollo e impulsar más financiamiento climático y justicia ambiental".